Vicentin: de conflicto económico a judicial, 20 allanamientos en Funes, Rosario y Buenos Aires.

Allanan a la familia Vicentin por delitos económicos: el fiscal solicitó al menos cuatro detenciones, que se prevé que ocurran en las ciudades de Funes, Avellaneda, Rosario y una localidad de Buenos Aires.

Esta mañana Gendarmería puso en marcha su operativo basado en diversos allanamientos realizados a directivos de la empresa Vicentín en sus domicilios particulares, algunos en Funes, el cual cuenta con 150 gendarmes a disposición.

Los mismos se realizaron en Mitre 868, casa de Sergio Vicentín, en la Calle Olessio, domicilio correspondiente a Daniel Foschiati, en la Calle 13 al 1270 Avellaneda, propiedad de César Padoan, en la Calle 13 al 1156, domicilio de Colombo, en San Martín 695, en Calle 9 al 500, propiedad de Beto Padoan y en la vivienda ubicada en Calle 7 833 de Scarel.

Se sospecha que detrás de estos allanamientos, está el arrepentimiento del exdirector de AFIP Carlos Andrés Vaudagna, quien declaró contra Omar Scarel, ex titular de Vicentin SAIC.

Funcionario arrepentido reveló sistema de corrupción de la ex AFIP: habló de Vicentin, Grupo Corven y otras empresas

La Justicia validó la declaración del exdirector del organismo de Santa Fe, quien confesó haber cobrado coimas y extorsionado a empresas

La Justicia validó la declaración de Carlos Andrés Vaudagna, exdirector de la ex AFIP de Santa Fe (hoy ARCA), quien reconoció haber favorecido a Vicentin con maniobras irregulares en el pago de impuestos, extorsionado a financistas y recibido sobornos a cambio de beneficios mientras ocupó su cargo entre 2016 y 2024.

En su confesión, implicó al juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, y al directivo de Vicentin, Omar Scarel, entre otros, y expuso un esquema de corrupción que operó durante años. A cambio de su testimonio, el exfuncionario logró reducir su condena de seis a tres años en suspenso y aceptó la incautación de los bienes adquiridos con dinero ilícito.

Qué declaró el ex director de AFIP arrepentido

Los fiscales lo acusaron también de participar junto a Bailaque en una maniobra de extorsión contra Jorge Luis Oneto y Claudio Iglesias, presionándolos para que entregaran dinero a cambio de frenar investigaciones en la AFIP y la Justicia. Bailaque, además, enfrenta otra causa penal por sus vínculos con el narco Libor Alvarado y un pedido de destitución en el Consejo de la Magistratura.

Según publicó Clarín, la denuncia contra Oneto e Iglesias surgió de un informe anónimo recibido en la AFIP y presentado el mismo día ante el juzgado de Bailaque, quien estaba de turno. Según la investigación, el juez utilizó informes fiscales para justificar allanamientos y el secuestro de documentación y dispositivos electrónicos.

Vaudagna también admitió que, junto a un agente de la AFIP, benefició a un empresario de apellido Malozzi a cambio de una coima entre marzo y julio de 2017. Además, confesó haber recibido 30.000 dólares por manipular una inspección fiscal a Ganadera del Norte y otro soborno del “Grupo Río Mdq SRL” para permitir el ingreso de un automóvil clásico al país.

Asimismo, ordenó fiscalizaciones para favorecer a una fábrica de hielo en perjuicio de otra y extorsionó a representantes de la empresa Corven, dedicada a la fabricación de motos y autopartes en Venado Tuerto.

En su confesión, entregó información clave para la investigación

Durante su confesión, Vaudagna, visiblemente afectado, reconoció los hechos y entregó información clave para la investigación. También reveló que utilizó la Asociación Mutual Prestaciones Santa Fe para la Salud, Farmacia y Vivienda para blanquear dinero y adquirir propiedades, entre ellas un lote en la autopista Santa Fe-Rosario y un inmueble en el proyecto “Terrazas de Ayres”. Con fondos ilegales, compró además acciones en la sociedad “Integrados Hípatia S.A.“.

Como parte del acuerdo, el exfuncionario entregó las claves de sus teléfonos incautados en allanamientos previos y se comprometió a facilitar el acceso a otros dispositivos electrónicos.

En su declaración, Vaudagna involucró a Scarel en maniobras para ayudar a Vicentin a evadir una investigación por apropiación indebida de reintegros de IVA por exportaciones, con un perjuicio total de $143.254.723 entre 2016 y 2019. Desde su posición como director regional de AFIP en Rosario y Santa Fe, utilizó su poder para encubrir estas irregularidades.

Los fiscales solicitaron una condena de seis años por delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, tráfico de influencias, prevaricato, falsedad ideológica, extorsión, lavado de dinero y asociación ilícita.

Los procedimientos son aproximadamente 20 y se llevan a cabo en varios domicilios de Funes, Rosario, Avellaneda y provincia de Buenos Aires.

Unos 20 allanamientos por delitos económicos vuelven a involucrar a la familia Vicentin, que atraviesa además un conflicto económico que tiene en vilo la producción en la cerealera.

Los procedimientos se llevan a cabo en Rosario, Funes, Avellaneda y provincia de Buenos Aires. Fueron ordenados por el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía provincial, Sebastián Narvaja, a Gendarmería Nacional.

Los allanamientos incluyen al menos cuatro órdenes de detención, que se harían efectivas a la brevedad.

Hasta el momento, no se han divulgado los resultados de los allanamientos ni detalles sobre los objetos o documentos incautados durante los procedimientos.

La causa Vicentin, que ya lleva tiempo en la justicia, está siendo monitoreada de cerca por diversas autoridades, mientras que se siguen registrando nuevos avances. Los detalles sobre el alcance de los allanamientos y las posibles detenciones se seguirán ampliando a lo largo del día.

El conflicto Vicentin

Ante el conflicto con el sindicato de aceiteros, la empresa asegura que cuenta con un plan respaldado por Bunge, Viterra y ACA y exige que la Justicia de lugar al procedimiento preventivo de crisis.

La situación de la empresa Vicentin, un gigante del sector agroindustrial, se torna crítica. Hasta la semana pasada, la compañía había logrado pagar solo el 30% de los salarios, lo que llevó a un paro general de los aceiteros a nivel nacional y a la intervención del Ministerio de Trabajo con una conciliación obligatoria.

Uno de los directores de Vicentin, Estanislao Bougain, expresó que “esta circunstancia es durísima para todos, de angustia para todos, porque Vicentin no tiene los fondos para cancelar los salarios adeudados”. Además, resaltó que “la actividad de la empresa se ha visto primero menguada, y a hoy prácticamente paralizada”. La situación financiera es crítica, ya que “la caja de Vicentin ya está terminada”.

A pesar de haber logrado un pago adicional del 20% a los trabajadores, Bougain indicó que “de dónde saldrá el otro 50% que estamos debiendo” sigue siendo incierto. La empresa enfrenta un bloqueo judicial tras un fallo de la Corte Suprema de Santa Fe que impide avanzar en su propuesta de reestructuración de deudas.

Bougain subrayó que “la homologación soluciona todo” y que Vicentin cuenta con un plan concreto respaldado por tres grandes empresas del sector: Bunge, Viterra y ACA.

Sin embargo, la falta de avances en la homologación complica la situación. “No hay propuesta alternativa”, enfatizó, refiriéndose a las ofertas de otros grupos que buscan involucrarse en la operación de Vicentin.

Bougain, además, mencionó al Grupo Grassi, expresó dudas sobre la seriedad de sus propuestas y señaló que “no tienen capacidad para operar el tamaño de empresa que tiene Vicentin”.

El directivo concluyó que “si desapareciese el miedo, estaríamos de vuelta llenos de contratos de fasón y de vuelta retomaríamos inmediatamente el giro de la empresa”.