Senado: el Gobierno negocia para aprobar la Boleta Única, pero ponerle un freno al presupuesto universitario

La Libertad Avanza acuña una estrategia que le permitiría conseguir los votos para lograr el cambio electoral.

Sin embargo, será difícil que la oposición no se abroquele detrás de iniciativas que complican el equilibrio fiscal que quiere mantener Javier Milei. Casa Rosada da por hecho el rechazo al DNU de la SIDE.

La semana cerró con varios contrapuntos entre las fuerzas de la Libertad Avanza y el interbloque de Unión por la Patria en el Senado. El oficialismo, por intermedio de la vicepresidenta Victoria Villarruel, blindó el recinto de la Cámara Alta y pateó una semana el tratamiento del DNU que incrementó el presupuesto de la Secretaria de Inteligencia (SIDE) en $100 mil millones.

Además, evitó que se convirtiera en ley el financiamiento para las Universidades Públicas, que incluye aumentos salariales para los sectores docentes y no docentes. Dos iniciativas que ya pasaron el filtro, con amplia mayoría, de la Cámara de Diputados.

Unión por la Patria (UxP) insistió en sesionar esta semana, pero no logró su cometido. En la reunión de Labor Parlamentaria, los presidentes de los diferentes bloques ya habían resuelto pasar todo para el próximo 12 de septiembre, es decir, el jueves que viene.

El titular de la bancada kirchnerista, José Mayans, y el resto de los senadores de su sector solicitaron una sesión ordinaria y bajaron al recinto. Sin embargo, se encontraron solos. Sus aliados del radicalismo y otros bloques cercanos, como los senadores por Santa Cruz del gobernador Claudio Vidal, tampoco se sumaron. También faltaron los secretarios parlamentarios, Agustín Giustinian y María Laura Izzo.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, calificó de ilegal la sesión del Senado (foto: NA).
El jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, calificó de ilegal la sesión del Senado (foto: NA).

“Necesitamos que el Gobierno tenga sensatez y que el Presidente deje de decir estupideces e inconsistencias, y que el Parlamento funcione, y termine con las maniobras dilatorias del oficialismo y aliados para evitarle una nueva derrota legislativa al Poder Ejecutivo. Vamos a ratificar las políticas de recomposición de los haberes jubilatorios, así como el financiamiento educativo y para terminar con ese fondo corrupto de $100 mil millones para la SIDE”, expresó en el recinto semivacío José Mayans.

La estrategia del oficialismo:

El oficialismo aprovechó la situación para reacomodar su estrategia en torno al tratamiento del proyecto de Boleta Única de Papel (BUP) que espera sancionar el jueves 12. “Esta semana no estaban los votos, tenemos que proteger al Gobierno de una derrota”, señalaron fuentes libertarias del Senado.

En la Casa Rosada apuntan a poder construir mayorías, aprobar con modificaciones la sanción de Diputados y que la Cámara revisora fije su posición. En el oficialismo entienden que el Senado está fragmentado y hay observaciones de todo tipo con respecto a esta iniciativa. En el radicalismo se mostraron con diferencias más políticas que técnicas al dictamen, aunque los libertarios confían que se puedan superar la semana próxima.

Desde el bloque radical del correntino Eduardo Vischi, emitieron un comunicado celebrando la decisión de discutir los tres temas en la próxima sesión: “Esos acuerdos, alcanzan materias tan significativas para la ciudadanía como Boleta Única de Papel, el financiamiento para el sistema universitario público y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que destinó $100 mil millones a la Secretaría de Inteligencia del Estado”, afirmaron.

“Los argentinos apostaron por un cambio, con las esperanzas de avanzar hacia un futuro superador, de acuerdo con el potencial de nuestro país. En ese sentido, siempre nos encontrarán para discutir las cuestiones que permitan sacar a la Argentina de la decadencia. Con esa premisa, renovamos nuestro compromiso para continuar ejerciendo el rol de representación para el que fuimos elegidos, acompañando o proponiendo caminos alternativos, según nuestro mejor entendimiento”, expresó el sector de Vischi.

El legislador Eduardo Wado de Pedro. (Foto: X / @wadodecorrido)
El legislador Eduardo Wado de Pedro. (Foto: X / @wadodecorrido)

Las críticas de la oposición:

El senador Eduardo Wado de Pedro lamentó que se posponga la votación argumentando que la comisión de Educación -que él preside- y la de Presupuesto y Hacienda emitieron dictamen mayoritario.

“La intención era empezar a poner fin a una injusticia y dar un principio de solución a un problema grave como es el desfinanciamiento del sistema universitario nacional”, explicó De Pedro y agregó: “El sistema público universitario atiende a un universo de más de dos millones de pibes que se anotan en busca de un futuro mejor”.

“El financiamiento, no solo responde al funcionamiento operativo en sí de las Casas de Estudio, sino que hace a mejorar los salarios docentes, el 80% de los docentes están bajo la línea de la pobreza”, argumentó el senador por la Provincia de Buenos Aires.

En tal caso, apuntó contra aquellos legisladores que “hacen discursos muy lindos, pero cuando hay que bajar al recinto a dar quorum no lo hacen”. “Me parece entonces que estamos ante una dirigencia hipócrita”, expresó, en referencia a la bancada de la UCR.

La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. (Foto: UBA)
La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. (Foto: UBA)

La evaluación de la Oficina de Presupuesto

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que de aprobarse el nuevo financiamiento para las universidades tendría un impacto de $738.595 millones de pesos, equivalentes al 0,14% del PBI.

Esta cifra incluye una actualización para gastos de funcionamiento de 210.742 millones de pesos (0,04% del PBI), y una recomposición de salarios para docentes y no docentes que alcanzará los 441.000 millones de pesos (0,08% del PBI).

El impacto fiscal del proyecto final, una vez descontados los aumentos ya otorgados en 2024, se estima en 296.995 millones de pesos. Este cálculo toma en cuenta el presupuesto vigente, garantizado por el Poder Ejecutivo, por lo que el incremento presupuestario adicional es el resultado de la aprobación del proyecto en cuestión.

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