Por primera vez el Gobierno cuenta con evidencia que podría demostrar irregularidades en los contratos que la Universidad de Buenos Aires (UBA) firmó con diferentes organismos durante la gestión de Alberto Fernández. Si bien actualmente la Justicia en lo Contencioso Administrativo no permite auditar los gastos de la UBA, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que conduce Miguel Blanco, pudo revisar los convenios que la casa de estudios suscribió con ministerios y empresas estatales.
Uno de estos acuerdos, firmado en 2023 entre Trenes Argentinos Operaciones SOFSE y la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, es el foco de un informe que revela las anomalías. Según el contrato, la UBA debía “colaborar” con la auditoría interna de SOFSE, tarea por la que recibió un pago de $58.529.618. Sin embargo, la SIGEN determinó que “no hay pruebas concretas de que el trabajo haya sido realizado”.
Esta revisión se enmarca en la decisión del Gobierno de Javier Milei de examinar los gastos de la UBA a través de la SIGEN. La Universidad se niega a eso con el argumento de que el control interno le corresponde a la Auditoría General de la Nación (AGN), conforme la ley de Educación Superior.
El análisis del convenio expuso varios irregularidades:
- SOFSE ya contaba con su propia Unidad de Auditoría Interna, conformada por 11 agentes, lo que ponía en duda la necesidad de contratar asistencia externa.
- No se encuentra documentación que detalle cuántas personas fueron asignadas por la UBA, ni sus antecedentes profesionales.
- El convenio establecía la conformación de un equipo de trabajo con supervisor, líder de proyecto, coordinadores, expertos y colaboradores, pero no hay registros de su integración.
- La UBA no presentó un plan de trabajo, por lo tanto, la SIGEN no puede determinar qué tareas concretas se llevaron a cabo.
- No se hallan evidencias de análisis de documentación, identificación de riesgos, seguimiento de proyectos o colaboración en informes de auditoría, que eran las responsabilidades pactadas.
La SIGEN fue categórica en su conclusión: “No obra evidencia acerca del trabajo específicamente realizado por la UBA”. Además, la superposición de funciones entre la auditoría interna de SOFSE y la UBA genera incertidumbre sobre qué tareas fueron efectivamente realizadas por cada entidad.
“Esta situación da cuenta de que la Facultad no ha presentado un cronograma de horas y productos de lo ejecutado al momento de emisión de cada uno de los informes presentados a SOFSE, lo cual no permitió determinar qué ejecutó la UAI y qué la Facultad, al ser los cronogramas idénticos y con las horas totales que se fijaran en los Planes de Tareas UAI de los años 2023 y 2024. En consecuencia, no obra evidencia acerca del trabajo específicamente realizado por la UBA”, destaca el informe al que tuvo acceso TN.
En otro tramo del documento, agrega: “Cabe asimismo señalar que las actividades que la Facultad expone en sus diferentes informes son coincidentes con el Plan de la propia Unidad de Auditoría Interna”.
El convenio tuvo una duración de un año y estipulaba la presentación de un plan de trabajo y cuatro informes de avance. No obstante, la falta de documentación sobre los profesionales involucrados y los resultados obtenidos impide determinar si el monto cobrado fue acorde a los servicios prestados.
El año pasado, la UBA había presentado una medida cautelar en la Justicia para evitar que la SIGEN avanzara con un análisis de sus presupuestos y gastos.
Uno de los principales puntos de conflicto podría ser que en el organismo de control aseguran tener un documento que prueba que la UBA no rindió entre 2020 y 2022 el 89% de los fondos que recibió, en el marco de diferentes programas universitarios como el FUNDAR, que asigna fondos para proyectos que fomentan las acciones universitarias para el desarrollo nacional y regional. Se trata de unos $8000 millones sobre los que no se especificó su destino y utilización. Además, se le suman otros $500 millones para infraestructura que tampoco está claro cuál fue su uso entre 2015 y 2019.
