Esta mañana el Intendente José María Pedretti convocó a una conferencia de prensa que brindó junto a su Secretario de Gobierno y a la Secretaria del Área Legal y Técnica del Municipio para explicar la situación.
“Un inminente embargo de la Coparticipación Provincial podría poner a la Municipalidad ante una crisis financiera afectando los sueldos del personal y la prestación de los servicios básicos. La preocupante situación es consecuencia de un juicio perdido, que se originó durante la anterior gestión del ex intendente Roberto Miguel Di Santo. Si el embargo se concreta “le voy a tener que entregar la llave de la Municipalidad al Poder Judicial para que gobierne si es que puede hacerlo sin los recursos básicos que sostienen al municipio”.
Ante el pedido de Funes Hoy, de volver a relatar lo sucedido para poner en conocimiento también a los vecinos que residen en los nuevos Barrios, de porqué sucedió este conflicto judicial , el Intendente explicó, “Esto viene de la gestión de Roberto Disanto por un contrato rescindido, ahí comenzó un juicio contra la Municipalidad que fue iniciado ante el Distrito Civil y Comercial de la 3ª Nominación por la empresa Dalfy SA a quien se le rescindió un contrato de locación de servicios que le había encomendado Di Santo, con aprobación del Concejo.
El contrato fue para que realicen un relevamiento catastral en diciembre de 1993 que terminó dando como resultado sendas actualizaciones de las partidas que alcanzaban a liquidaciones de hasta 2 mil dólares por contribuyente. Si esto seguía su curso iba a ser un verdadero escándalo para los vecinos.
Ante semejante aumento, los vecinos realizaron una pueblada y reaccionaron yendo al Concejo. En ese contexto, Di Santo dio marcha atrás con la medida y también decidió no pagar a la empresa por sus servicios.
La demanda en 1996 por dos millones 180 mil pesos más un 20 por ciento de indemnización en conceptos de mejoras al catastro que la Municipalidad percibiera de la Provincia entre los años 1992 y 1996. Sumando 200 mil por daños y perjuicios lo que hacían un total de 2.380.000 pesos.
En 2007 la Municipalidad es condenada a abonar a la empresa la suma de capital que resulte de una pericia contable y el juez resuelve que el monto indemnizatorio sea de 11 millones 841 mil pesos. La sentencia fue apelada pero luego confirmada. La deuda se calcula que hoy está en 16 millones y medio aproximadamente.
A la vez, se regularon honorarios del estudio jurídico y los peritos por una cifra también millonaria que ya se pagó.
En Marzo de 2018 entró un nuevo embargo ante la provincia para embargar la Coparticipación., la Secretaría de Hacienda lo rechaza, planteando la inembargabilidad conforme a la ley 12.036 Pero el estudio jurídico se opuso y la Justicia hizo lugar, autorizando el pedido de embargo por efecto devolutivo sobre la Coparticipación Provincial, lo que generará un desequilibrio financiero ya que no podremos pagar los sueldos ni prestar los servicios”, afirmó Pedretti.
En Septiembre de 2018, los abogados representantes de Dalfy SA vuelven a presentar un oficio reclamando la suma de$16.500.000,00,(dieciséis millones y medio).
Ahora hay un oficio a punto de ser emitido pidiendo el embargo de las cuentas bancarias donde se deposita la Coparticipación Provincial y que podría estar operativo dentro de los 20 días. De ser así, la Municipalidad estaría en serios problemas financieros para asumir sus obligaciones.
Una vez que el oficio llegue a la Municipalidad se cuenta con 72 horas para hacer una presentación ante la Corte Suprema que es la instancia final a la que se puede apelar. De subsistir el fallo actual, el Municipio vería tan resentidas sus finanzas que si sucede tengo que entregar las llaves de la ciudad e irme, porque quedaría sin sustentabilidad económica, donde no podría ni pagar los sueldos de los empleados”, finalizó el Intendente