Las acciones colectivas protegen los derechos de grupos de individuos que comparten igual situación abusiva, aunque sea uno sólo el que la presenta. Esta herramienta se caracteriza entonces porque la sentencia será para todo el grupo perjudicado en su conjunto.
“Un claro ejemplo de estos microdaños lo constituye el cobro extra que hacen algunos bancos por fuera de lo pactado. Obviamente litigar por $10, $20 o $500 no pactados desincentiva la presentación judicial” explicó el diputado y agregó: “la idea es que haya un litigante que pueda representar a todas las personas afectadas para que ya no sea un juicio por $10 o $20 sino que se multiplique por la cantidad de afectados”.
El ejemplo citado nos ayuda a comprender que las acciones colectivas “resultan una herramienta jurídica muy útil en casos donde entablar una demanda judicial de manera individual tendría poco interés o posibilidad de tramitarse. Las acciones colectivas sirven para defenderse de empresas abusivas, para proteger bienes colectivos, así como para poner límites al propio estado”, enfatizó el diputado provincial.
“Sin una regulación como la que se propone no hubieran sido posibles decisiones judiciales históricas como el derecho a acceder a tratamientos y medicamentos para personas con VIH, o la obligación de la limpieza del Riachuelo donde los afectados por la contaminación era una población dispersa y la posibilidad de influir de manera individual parecía imposible”, explicó Henn, autor del proyecto.
Cuando hablamos de bienes colectivos, estamos refiriéndonos, por ejemplo, a los microbasurales, que afectan al ambiente y la vida social de los barrios más vulnerables. “En este caso el interés del proyecto es impedir que el bien se dañe y no el de obtener una indemnización económica o patrimonial del recurso afectado”, señaló el legislador.
Es importante recordar que las sentencias de acciones colectivas van a tener efecto contra todos los que integran el colectivo, hayan o no interpuesto la acción legal y la notificación de la sentencia deberá ser pública para que todos los afectados, puedan sumarse a la causa, si lo desean.
Entre los beneficios que cita el proyecto, el factor económico adquiere una especial relevancia, ya que una Ley de Incidencia Colectiva significa la reducción de costos en el trámite procesal, al iniciarse un solo juicio en representación de los afectados en lugar de promover juicios individuales.
También se pone en valor al mecanismo de cooperación e integración que la herramienta presupone, como ejercicio fundamental para tener una ciudadanía madura, capaz de mirar más allá de sus propios intereses.
Para Henn “esta ley puede ayudar a poner un freno a los poderosos, en favor de los más desprotegidos”.
Al momento de defender la importancia de los alcances del proyecto, el ex vicegobernador manifestó: “Seguimos sin tener una normativa provincial que permita a cualquier ciudadano accionar judicialmente frente a hechos que conciernen a los intereses de todo un colectivo y sin dudas esta Ley es una herramienta que nos está faltando”.
La iniciativa se presentó por primera vez a principios del 2016 y se representó con modificaciones superadoras este año, con el acompañamiento de los diputados Tejeda, Gutierrez, Ausburguer, Bertero, Yacuzzi, Busato, Martino, Galdeano, Palo Oliver y Vucasovich.
