El martes, sorpresivamente, circuló por WhastApp una falsa captura de pantalla de un medio periodístico dando cuenta sobre la supuesta fuga del ex jefe de la policía santafesina, Hugo Tognoli, detenido en la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Fisherton mientras se sustancia el juicio en su contra y otras 26 personas por tráfico de estupefacientes. El incidente hubiera quedado en anécdota o “mal chiste” si no fuera porque el Tribunal Federal Oral 2 de Rosario dispuso extremar las medidas de seguridad mediante un decreto. Y más aún si la defensa que representa al supuesto narco Carlos Andrés Ascaíni no hubiera reclamado formalmente mediante una nota que ese decreto fuera revocado.
Paranoia por chisme
La mañana del martes comenzó a circular por WhastApp la captura de pantalla de una radio de alcance nacional que daba cuenta sobre la supuesta fuga de Tognoli. Sin embargo, al comenzar la audiencia del martes el ex jefe policial llegó al tribunal con el resto de los imputados, se sentó y escuchó el debate. Anoticiado sobre el rumor, los jueces generaron un decreto que tensó las medidas de seguridad en los Tribunales federales, a tal punto que ordenaron que durante las audiencias las puertas de ingreso al edificio permanezcan cerradas por Oroño y por Alvear.
Pero la medida que más molestó a los defensores es que los mismos deben ingresar por Oroño y sus pertenencias serán revisadas por personal de seguridad. Una medida a la que ya eran sometidos los periodistas que realizan la cobertura de las audiencias. Esto motivó que los defensores de Andrés Ascaíni, Paul Krupnik y José Nanni, presentaran ante el Tribunal una nota solicitando la revocatoria de la medida de la que sólo están exentos los jueces, empleados del tribunal, miembros de la defensa pública y fiscales.
“Se desconoce el motivo por el cual los abogados particulares debemos dar toda la vuelta al tribunal, registrarnos en el libro de guardia y exhibir nuestras pertenencias cuando solamente venimos a cumplir con nuestro trabajo”, indicaron los profesionales.
“Desde el comienzo del juicio todo el operativo de seguridad se ha desarrollado de manera correcta, sin inconveniente alguno entre los detenidos, o las partes, y no encontramos motivo para cambiar esto por un «chisme de redes sociales» o un «rumor periodístico» del cual se desconoce la fuente”, puede leerse en el escrito. En la misiva los abogados entienden que son tomados como “los malos de la película” y dicen no entender “una paranoia injustificada por un «rumor», comentario de red social o «chusmerío de pueblo»”, indicaron.
Los firmantes solicitaron que “un representante del Colegio de Abogados de Rosario” interceda para subsanar lo que ellos entienden es un trato despectivo hacia los defensores privados y que “garantice el secreto profesional” de los abogados privados.
Fuente: La Capital
