La reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública impulsada por Milei generó un rechazo generalizado en el ámbito político, incluso entre los diputados del PRO. Los legisladores del partido liderado por Macri calificaron las modificaciones como un “retroceso”.
Una de las modificaciones más significativas es la nueva definición de “información pública”, ya que, según el Decreto 780/2024, publicado en el Boletín Oficial, no se considerará información pública aquella que contenga datos de naturaleza privada, generados o controlados por personas físicas o jurídicas privadas, o que no involucren un interés público comprometido, y que estén fuera de la gestión de los sujetos obligados enumerados en la ley.
En respuesta a estos cambios, los diputados del PRO emitieron un comunicado en la red social X, donde señalaron que alterar la norma sin consenso “representa un retroceso en términos de transparencia y control público, elementos esenciales para el buen funcionamiento de nuestra democracia”.
También subrayaron la importancia de la ley para la ciudadanía porque “garantiza un derecho esencial en cualquier democracia: el acceso libre y sin restricciones a la información pública. Este derecho no solo promueve la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también le brinda a los ciudadanos un mayor control y supervisión sobre las acciones del Estado”.
La Ley de Acceso a la Información Pública fue presentada por Mauricio Macri en abril de 2016, poco después de asumir la presidencia, y promulgada en septiembre del mismo año. Su reglamentación completa se llevó a cabo en 2017, aunque varios artículos e incisos fueron modificados por un decreto de necesidad y urgencia (DNU).
