La Cámara de Diputadas y Diputados dio media sanción a una reforma del sistema de justicia de la provincia que apunta a acercarlo a la sociedad, hacerlo más abierto, eficiente y dotarlo de mayor legitimidad. La iniciativa aprobada lleva la composición de la Corte Suprema de seis a siete miembros, fija la edad límite para el cargo y detalla el mecanismo para la renovación. Asimismo, establece la obligación de publicar cada año un informe de gestión donde se rinda cuenta de la ejecución presupuestaria y de que todos los integrantes del Poder Judicial presenten una declaración jurada patrimonial. También compromete al máximo tribunal a realizar las acciones necesarias para difundir las decisiones judiciales de todas las instancias y fueros de la justicia santafesina, y habilita la realización de audiencias públicas.
La norma aprobada sintetizó propuestas presentadas por legisladores de distintos bloques y, en consecuencia, expresa un amplio consenso.
Al respecto, según la letra del proyecto, la Corte Suprema realizará “todas las acciones necesarias destinadas a implementar mecanismos y herramientas para difundir la información pública que se halle en el ámbito del Poder Judicial”. Y en tal sentido, especifica que se deberán difundir “las decisiones judiciales de todas las instancias y fueros”.
Cada año se deberá publicar un informe de gestión en el portal web del Poder Judicial donde se rinda cuentas de la ejecución del presupuesto -algo que hoy no se hace-, y todos los integrantes, incluso los ministros/as de la Corte y el procurador/a General, deberán presentar una declaración jurada patrimonial, algo que en la actualidad se realiza de manera voluntaria.
Asimismo, se incluye la herramienta de las audiencias públicas, ya sean convocadas por los ministros de la Corte o pedidas por la ciudadanía.
Renovación de la Corte
La iniciativa deja en claro que los ministros “cesan automáticamente en sus funciones” al alcanzar los setenta y cinco años, y que dicho cese “no se encuentra sujeto a decisión o condición alguna y se produce, de pleno derecho, el mismo día que alcancen esa edad”. Para mantener en el cargo a cualquiera de dichos funcionarios será necesario un nuevo nombramiento por parte del Poder Ejecutivo, que se hará por otros cinco años.
