La comisaría 32, donde quedó alojada la joven madre de 23 años. Habría tenido una crisis de nervios tras discutir con su pareja.
“Señor, mi mamá quiere apuñalar a mi hermanito, está en casa peleando con mi papá; ayúdenos por favor”. La súplica partió de un nene de 10 años que se cruzó delante de un patrullero en la zona norte y alertó a los policías sobre lo que estaba sucediendo en su casa. Minutos después, una joven de 23 años terminó detenida y quedó a disposición de la Justicia.
El tremendo hecho sucedió el sábado, minutos después de las 21.30, en la zona noroeste de la ciudad. De acuerdo a la información oficial de la policía, a esa hora un nene de 10 años se cruzó delante de un patrullero del Comando Radioeléctrico en la esquina de Juan José Paso y Sotomayor y alertó a los uniformados sobre lo que estaba sucediendo dentro de su casa.
De acuerdo al relato del nene, su mamá y su papá estaban discutiendo y la situación había tomado ribetes de extrema violencia.
Los policías fueron guiados por el pequeño hasta la vivienda donde se estaba desarrollando el conflicto intrafamiliar. Al llegar se encontraron con un hombre de 34 años, identificado como David C., quien relató que había discutido con su pareja, de 23, y que en medio de esa discusión ella tomó en brazos al otro hijo de ambos, un bebé de cinco meses, y amenazó con herirlo con un cuchillo de cocina.
Al momento del arribo de la policía la mujer ya no se encontraba allí, pero David dio los datos para que los uniformados la buscaran en la casa del padre. Minutos más tarde, en esa vivienda señalaron que la joven, identificada como Luciana G., había llegado hasta allí en un estado de “gran nerviosismo” y se había retirado a los pocos minutos.
Así, y tras un rastreo por la zona, dieron con la misma en la vivienda donde se había generado la discusión, en Carrasco al 2000. Quedó detenida y se le secuestró un cuchillo tipo Tramontina, con el que de acuerdo al relato de su pareja y de su hijo, había tomado al bebé entre sus brazos e intentado provocarle cortes.
De acuerdo a la información oficial, fue conducida a la comisaría 32º, que interviene por razones de jurisdicción, y quedó a disposición de la Justicia.
Vulnerables
El caso volvió a dejar en evidencia el estado de vulnerabilidad por el que atraviesan menores en Rosario, temática que La Capital había abordado en su edición de ayer.
El informe dio cuenta de la vulneración de derechos que padecen cotidianamente niños y niñas, expuestos a la pobreza, el abuso, la violencia urbana y, en muchos casos, la falta de cuidado por parte de los adultos.
Hay un dato que da cuenta de lo complejo de la situación. Sólo en su primer año de funcionamiento, el Servicio de Protección y Promoción de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, el organismo local de aplicación de la ley nacional, abrió por lo menos mil expedientes. Cada legajo es un niño en riesgo y el trámite es el paso previo a la medida de excepción, es decir el alejamiento de la familia.
A lo largo de 2018, la Subsecretaría de Niñez de la provincia tomó esta determinación para otros mil chicos de toda Santa Fe y en lo que va de este año, se acumularon otras 132 medidas de excepción.
“Es un número alto”, había admitido la titular del área, Andrea Travaini, al tiempo que destacó la preocupación “no sólo por la cantidad de casos, sino fundamentalmente por las condiciones subjetivas en que se encuentran los chicos y todas esas familias”.
En Rosario, la implementación en febrero de 2018 del Servicio de Protección y Promoción de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, establecido a partir de la ley nacional de protección de niñez, abrió la posibilidad de abordar con equipos interdisciplinarios los casos que en el territorio encuentran un límite y donde los chicos siguen estando en riesgo, en un paso previo a los pedidos de separación del centro de vida de los niños.
Un ascenso que preocupa
La agudización de las situaciones de riesgo viene haciendo que los pedidos de protección excepcional de niños por parte de la provincia a través del Poder Judicial sean cada vez más frecuentes. En 2018, en toda la provincia, se requirieron 697 medidas de este tipo, lo que incluyó a 1.071 niños. En lo que va de este año ya hubo otras 132 medidas.
Fuente. La Capital
