La fiscal Betina Lacki amplió temporalmente la imputación a la banda del puntero massista Julio Chocolate Rigau y sus jefes inmediatos, Facundo Albini y Claudio Albini. Si hasta ahora se les adjudicaba haber defraudado a la administración pública con una maniobra de ñoquis y prestanombres perpetrada entre 2012 y 2023, ahora las fechas abarcan desde 2002 hasta 2023.
Las andanzas de la banda en las sombras de la Legislatura tienen más de dos décadas. ”En virtud de las constancias reunidas en autos, este Ministerio Público Fiscal realizó una ampliación respecto del alcance temporal”, informó Lacki a los procesados en esta causa. Y trazó el nuevo marco temporal de la investigación: “Desde el 1° de enero de 2002 hasta al menos el día 9 de septiembre de 2023″. Son más de 21 años.
Inicialmente, se estimó una maniobra muy acotada, de unos tres años de antigüedad, porque en un chat localizado en el teléfono celular del puntero, fechado el 27 de agosto de 2023, el exconcejal Facundo Albinie le dice: “Te llevas 200 por mes hace tres años, y cuando te necesito no estás”. Además, según surge de un informe de la División de Lavado de Activos de la Policía Federal, se habían tenido en cuenta solo los contratos que empezaron en 2012. Se estimó así que el perjuicio económico a la provincia de Buenos Aires rondaría los $800 millones.
Sin embargo, las cosas empezaron en 2002 y el perjuicio económico ha sido abrumadoramente superior. Más de un tercio de los ñoquis (17 casos) del lote de tarjetas que se le secuestraron a Rigau fueron contratados antes de 2012. Solo ocho de los contratos son recientes (desde 2020). Y entre los de 2002 están, por ejemplo, la primera mujer de Claudio Albini.
Un cálculo periodístico realizado en el marco de esta investigación, teniendo en cuenta año por año del contrato de cada dueño de las 48 tarjetas y sus sueldos (son de septiembre de 2023, cuando arrancó la investigación) arroja una cifra de $4.000.000.000 (cuatro mil millones de pesos). Y esto es solo con el lote de 48 tarjetas que le encontraron ese día a Chocolate en el cajero.
El juez de Garantías del caso, Federico Guillermo Atencio, ya había planteado, en un fallo con el que le denegó la excarcelación a Rigau, que “con el devenir de la pesquisa” podría detectarse “un acto de corrupción de inmensurable trascendencia”. Para imaginarla, cabe recordar que Facundo Albini le mandó un mensaje a “Chocolate” que decía: “Necesito unos nombres para la Muni”. Un chat que no debería soslayar la causa judicial abierta en la capital bonaerense, conocida como los “ñoquis de la municipalidad de La Plata”, donde interviene el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta.
Cabe recordar que Facundo Albini tenía un pie en el Concejo Deliberante (lo que Albini llama “la Muni”) y otro en la Cámara de Diputados, al calor de su padre. Al mismo tiempo en el que era un concejal del peronismo con intenciones de reelegir, el rostro de una unidad básica del centro platense, seguía cobrando de la Secretaría Administrativa de Diputados, un área dirigida por Miguel Antonio De Lisi y donde había ocupado la Dirección de Control y Gestión, y donde su padre, Claudio, era Subdirector de Personal.
Además, en el hogar de Rigau se encontraron cuadernos con más nombres y muchos papeles de los que se usan para incorporar gente al Estado. Rigau le rendía el dinero de su “trabajo”, religiosamente, a Claudio Albini, mientras este viajaba por el mundo junto a la barra de Estudiantes de La Plata.
También están los “Chocolates del Senado”, un esquema idéntico, pero con tarjetas del Senado provincial y protagonistas que no son del peronismo, sino que se referencian con el PRO, y sin ningún detenido. Esta maniobra está probada, fue descubierta gracias al análisis de videos de Chocolate Rigau al alba fatigando los cajeros de la ciudad. Los abogados que representan a los prestanombres y a los “chocolates” Hugo Muguerza y Josefina Ortellado son los mismos que en los del esquema de Chocolate Rigau. Interviene el fiscal Juan Menucci.
Volviendo a la causa “Chocolate” original, en ella hay 50 procesados por asociación ilícita y estafas reiteradas, tres hombres presos y un pacto de silencio global sobre hacia quiénes más seguía ascendiendo el flujo del dinero recaudado con la “chocolatería”.
Rigau y los dos Albini tienen la prisión preventiva confirmada. El primero de ellos logró que el Tribunal de Casación Penal le concediera el beneficio de la prisión domiciliaria en función de motivos humanitarios, aunque sigue preso porque ese fallo no está firme. Con este antecedente, los Albini pidieron la misma morigeración, durante una extensa audiencia virtual con la fiscal del caso la semana pasada. Para Claudio, su defensa plantea que debe salir por su edad (tiene 68 años) y el cuidado de su salud. Para Facundo, plantean que es padre de una nena chiquita y debe ayudarle a su esposa con su manutención.
Los Albini tienen un lugar mucho más alto en la cadena de mando de la asociación ilícita, según la fiscal. A Claudio se lo apunta como el jefe de la banda y a quien Chocolate le rendía la recaudación. Y Facundo también aparece con un rol mucho más jerárquico que Rigau, dándole órdenes al puntero. La fiscal, además, considera que los peligros procesales que justifican su prisión en cárcel están vigentes.
La fundación Poder Ciudadano, que está presentada como particular damnificado (querellante) en la causa, también le pidió al juez Atencio mediante un escrito que rechace la morigeración, por considerar que hay peligros procesales vigentes. Este criterio es el que ha primado hasta ahora en la causa por parte del juez y de los camaristas, teniendo en cuenta el poder de los protagonistas y su capacidad de eventualmente influir en coimputados.
Además, Poder Ciudadano sostiene que Claudio Albini tiene menos de 70 años y que su salud está bien atendida en la alcaidía donde está alojado. Sobre Facundo, informaron que su esposa tiene empleo como auxiliar letrada en la Unidad de Investigación de Delitos Económicos de la Procuración de la Suprema Corte bonaerense y que sacaron pasajes a Disney para un viaje familiar junto a la niña, un tío y la suegra de Albini, que es una de las dueñas de las tarjetas de débito y como tal, está procesada como parte de la asociación ilícita y las estafas.
Hay otro particular damnificado, el Fiscal de Estado (abogado de la provincia de Buenos Aires), Hernán Gómez, que no se presentó a la audiencia de morigeración.
