Peritos contables e informáticos avanzan a pedido del Ministerio Público de la Acusación para determinar si los titulares y administradores de Grupo Lands y Gilli Inmobiliaria incurrieron en distintos delitos alrededor del loteo “Villa Don Carlos”.
Se trata de un emprendimiento de 900 lotes que está en Villa Constitución y por el cual numerosos damnificados pagaron entre 15 y 25 mil dólares y el lugar no se desarrolla tal como estaba previsto. Pasaron cinco años y los compradores no tienen aún la posesión.
En el fuero penal, la fiscal adjunta del MPA Analía Saravalli y el secretario de Gestión, Franco Carbone, siguen una causa contra Gilli y Grupo Lands por desbaratamiento de derechos acordados y administración infiel del fideicomiso y contra el ex intendente Horacio Vaquié por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La denuncia, en dos partes, fue radicada en 2016 por el actual intendente de Villa Constitución, Jorge Berti. Lo hizo contra los privados y contra la administración anterior del municipio. Sucede que de la totalidad de los lotes, la firma entregó 200 en garantía, que debían cederse a medida que se ejecutaban obras. Y si bien la infraestructura no se desarrolló, los terrenos se fueron cediendo de igual modo.
Actualmente, a pedido de Saravalli y Carbone, desde Villa Constitución retomaron el curso de la investigación penal tras tareas de Sebastián Narvaja en la Fiscalía de Delitos Complejos y Económicos de Rosario. Existe una perito contable oficial de la Corte Suprema que analiza documental y un informático de Asuntos Internos que desglosa un servidor. Fueron todos elementos secuestrados por el MPA en allanamientos en las oficinas de Gilli que hizo la Tropa de Operaciones Especiales (TOE).
Con esa información, la Fiscalía podría llevar –o no- a los titulares o administradores a audiencia imputativa. Quienes están bajo la lupa son Alejandro y Federico Gilli, María Florencia Cesca y el presidente del directorio del Grupo Lands, Hernán Rubén Marinovich.
Entre los numerosos damnificados hay grandes empresarios de Rosario, aunque la gran mayoría son compradores de clase media que quieren su primera casa. Por la demora, muchos se perdieron la posibilidad de ser beneficiarios de los primeros créditos Procrear. Todos los intentos de conciliación promovidos por el MPA, que como primera medida buscaba una solución para las víctimas, fueron dilatados y fracasaron.
A la par del conflicto por “Villa Don Carlos”, el grupo empresario mantiene distintos reclamos por obras inconclusas en Funes Town, Funes City y en el loteo Don Alejandro de Arroyo Seco.
Fuente: Rosario3
