La presentación del Presupuesto 2025 agravó la tensión entre el Gobierno nacional y las universidades públicas. En las últimas horas, desde este sector comenzaron a agitar la posibilidad de realizar una nueva movilización contra el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario y los recortes de partidas previstos en las proyecciones económicas oficiales.
Horas después de la cadena nacional del domingo, se supo que el Gobierno les asignó a las universidades públicas la mitad de los fondos que vienen reclamando. Es por esto que buscan impulsar una nueva movilización para octubre. Así, buscan ejercer presión sobre la Cámara de Diputados para que insista con el proyecto que regula los fondos que reciben las universidades. La norma, aprobada por el Congreso, será vetada por completo por el presidente Javier Milei.
“A la medianoche pudimos acceder a las planillas y hacer un análisis pormenorizado. Advertimos que hay una diferencia enorme y se explica, porque básicamente el Gobierno no contempla la recuperación de los salarios”, dijo Víctor Moriñigo, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de San Luis.
Moriñigo afirmó que en el Gobierno “no hay intención cierta de recomponer los salarios docentes y no docentes para al menos igualar la situación de pérdida frente a la inflación”. “La única certeza que surge de este presupuesto es que los docentes y no docentes en 2025 van a tener los mismos salarios que hoy, ni siquiera se contempla la inflación, que se estimó del 18%”, agregó.
En ese sentido, indicó: “Es por eso que esta tarde (por el lunes) nos reunimos con las federaciones y decidimos que el martes que viene, tras la reunión del CIN, anunciaremos las medidas a tomar: una nueva marcha para octubre, salvo que el Gobierno tienda una diagonal que permita modificar esta situación, aunque lo vemos muy poco probable porque no vemos voluntad de dialogar”.
La semana pasada, el presidente Javier Milei anunció un “veto total” a la ley que obliga al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento e investigación en las universidades y establece que cada dos meses, el Gobierno deberá ajustar los presupuestos en línea con la inflación. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la ley implica este año un gasto de 738.595 millones de pesos, equivalente a 0,14% del PBI. Para el mandatario, pone en riesgo en equilibrio fiscal.
En abril de este año, un millón de personas salieron a las calles de todo el país en defensa de la educación pública. La movilización reunió a personas de distinta ideología y obligó al Gobierno a recular y acordar con las universidades para garantizar su funcionamiento.
