El Gobierno presentó el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 15 años

Miércoles 20 de Febrero de 2019 · 10:48

 El ministro de Justicia, Germán Garavano y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron el anteproyecto de ley de Responsabilidad Penal Juvenil, que será girado al Congreso para su tratamiento en el mes de marzo.

En la actualidad la Argentina no cuenta con un plexo normativo en materia penal especializado en jóvenes, lo que implica una violación de derechos humanos y un incumplimiento de los estándares internacionales a los que el Estado se ha obligado al momento de suscribir tratados sobre el tema. Hasta ahora, los delitos cometidos por menores de edad tienen un tratamiento establecido por una ley de la última dictadura militar que les da a los jueces un margen de discrecionalidad en cuanto al destino de los jóvenes que delinquen sin ningún tipo de control.

Con la normativa actual, cuando un menor comete un delito y es detenido, los magistrados lo pueden liberar sin ningún tipo de seguimiento o encerrarlos en un instituto alegando razones de peligrosidad sin ningún tipo de control, proceso judicial ni condena. La ley vigente -sancionada durante la última dictadura militar- no prevé ningún tipo de solución para los menores de 16 años que cometen delito, que son inimputables, y en la mayoría de los casos son enviados a su casa sin ningún tipo de control o intervención estatal que evite que vuelva a delinquir.

En la presentación del anteproyecto de ley de Régimen Penal Juvenil el ministro Garavano señaló que "se tuvieron en cuenta los 95 anteproyectos de todo el espectro político, de los últimos veinte años, las leyes provinciales, y los regímenes penales juveniles de Latinoamérica, España y Alemania". Y agregó:  "Es un proyecto que aborda todos los planos, que atiende a la situación de jóvenes imputables e inimputables. Con una mirada puesta en la información empírica y estudios presupuestarios, su implementación será progresiva".

Por su parte, la ministra Bullrich remarcó que "el concepto general de este proyecto es que haya menos delincuentes y no más presos. Queremos impedir que los jóvenes tengan como opción de vida una carrera delictiva".

La iniciativa, que será presentada en el Congreso de la Nación en marzo, es el resultado de casi tres años de trabajo de la Comisión Redactora presidida por Ricardo Gil Lavedra y recibió el aporte de más de 3.000 participantes del programa Justicia 2020, entre ellos, expertos de todo el país. "Se logró un texto que respeta los estándares de la Convención de los Derechos del Niño, con un tratamiento tendiente a la recuperación de los jóvenes. Un proyecto flexible con múltiples salidas: principio de oportunidad, mediación, suspensión de juicio a prueba, acuerdos restaurativos, con un sistema gradual de imposición de sanciones y revisión de la pena cada ocho meses por el juez", remarcó Gil Lavedra durante el acto realizado en la sede de la cartera de Justicia. El proyecto tiene cuatro ejes fundamentales: contar con una justicia especializada, abordar los problemas desde una perspectiva multidisciplinaria y restaurativa, fomentar en el niño o el adolescente el sentido de la responsabilidad por sus actos y procurar la integración social de los jóvenes e involucrar activamente a las víctimas.

Durante la presentación, el subsecretario de Justicia y Política Criminal, Juan José Benitez, explicó que "cada joven tendrá un equipo interdisciplinario de tres profesionales, uno de ellos será su supervisor, y sólo supervisara hasta 24 jóvenes cada profesional. Se hará un seguimiento personal de cada joven, y en base a su historia se preparará el plan individual".

El proyecto prevé un sistema de escalas que establece que se es penalmente responsable desde los 15 años de edad, si se comete un delito cuya pena máxima es de 15 años o más de prisión (violación, secuestro extorsivo, homicidio, lesiones gravísimas y robo con arma de fuego).

En el caso de los jóvenes de entre 16 y 18 años, serán responsables si cometen un delito cuya pena máxima sea de por lo menos dos años. El nuevo sistema prohíbe la privación de la libertad de cualquier persona menor de 15 años.